Por qué pudieron arder los montes periurbanos de Vigo (2017) y de la autopista Pontevedra-Santiago (2006)
José Pérez Vilariño
Catedrático de Sociología (jubilado) de la Universidad de Santiago de Compostela
Socio fundador y exvicepresidente de la Asociación Forestal de Galicia
Los meses dramáticos del verano no eran el momento de discutir y menos polemizar sobre los incendios sino de arrimar el hombro en las labores de extinción. Ahora, sí es el tiempo obligado para la investigación y el debate, sobre todo después de haberse creado un grupo de especialistas y responsables políticos para su estudio. Comprender la envergadura del problema de los incendios forestales en Galicia, requiere tener presente que sus montes producen casi la mitad de la madera española, un recurso cuyo consumo por habitante y año es uno de los indicadores más significativos, no sólo del nivel sino también de la calidad de vida de un país. Baste recordar que Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria o Francia son los mayores consumidores y productores de madera del mundo y cuentan con los bosques mejor gestionados.
En el verano de 2006, en dos semanas, a lo largo de la autopista del Atlántico entre Pontevedra y Vigo, ardieron más de 70.000 hectáreas (una superficie equivalente al 25 % de las hectáreas quemadas durante los 17 años anteriores). En 2017, además de grandes incendios en montes del interior, los días 14 y 15 de octubre el fuego abrasó unas 49.000 has. de bosques periurbanos en Vigo. La gravedad y la novedad de estos hechos obligan a una investigación rigurosa, que no puede reducirse a una indagación policíaca y judicial de eventuales comportamientos desviados. Resulta ineludible analizar, no sólo la presencia de factores físicos (en particular temperatura, niveles de humedad y velocidad del viento) sino también de determinismos socioeconómicos de riesgo, cuya prevención depende más directamente de la acción humana.
Desorganización social e incendios forestales
La especial alarma social de estos dos veranos está asociada al hecho de que la ola de incendios no se centró, como venía siendo habitual, en los territorios despoblados del interior, sino que afectó al eje Pontevedra-Santiago en el primer caso, y al entorno metropolitano de Vigo, en el segundo; esto es, a las áreas más pobladas y dinámicas del centro y del sur de Galicia.
Hasta ahora, en algunos de estos espacios podían producirse un cierto número de pequeños fuegos, pero muy contados incendios de cierta entidad. El monte tradicional, además de madera, brindaba a la sociedad agraria una diversidad de beneficios vinculados al aprovechamiento de leña, pastos, frutos silvestres, caza etc. El monte y la foresta -a pesar de encontrarse fuera estaban integrados en la trama social, económica y cultural de la comunidad rural gallega, y el fuego constituía una importante herramienta en la gestión de estos espacios. En muy pocos años, Galicia abandonó su denso tejido de aldeas para concentrarse en torno a la autopista del Atlántico, configurando un desordenado espacio urbano con una elevada confusión de nuevos usos. Al mismo tiempo la UE, obsesionada por reducir la factura de su política agraria, incentivó la forestación de las tierras agrícolas abandonadas, pero sin preocuparse por garantizar su gestión. El resultado es una desordenada acumulación de madera y biomasa sin solución de continuidad, que transmite al monte las tensiones de un nuevo espacio urbano sin el ordenamiento imprescindible. Se trata de un fenómeno similar al que ha dominado y todavía deja sentir su influencia en la tasa de accidentes de tráfico en las carreteras.
El Plan Forestal de Galicia (1992), previendo el rápido incremento de un grave riesgo socioeconómico de incendios forestales, implantó como medida preliminar o punto cero de partida un nuevo modelo profesional y comarcalizado de prevención y extinción (PFG, capítulo VII.1). Substituir las capitales de provincia por las cabeceras comarcales hace posible llegar antes a los puntos de ignición para evitar que los fuegos se transformen en incendios. (Con esta nueva estrategia se pudo pasar de las casi doscientas mil hectáreas ardidas en 1989 a menos de ocho mil, cuatro años más tarde). Al mismo tiempo, señalaba la urgencia de diseñar y difundir una nueva cultura forestal de base profesional, que permitiese a los nuevos urbanitas comprender las exigencias del monte y sus recursos forestales (PFG, cap. V). Las deficiencias en esta cultura han permitido el arraigo de fuertes prejuicios partisanos utilizados como arma política; destaca la división simplista de los árboles en buenos (árboles autóctonos o nacionales) y malos (árboles invasores o extranjeros) que genera posicionamientos políticos rígidos y dificulta la negociación de los acuerdos a largo plazo que requieren los turnos de los árboles, la ordenación de los usos de los montes y las fuertes inversiones de las empresas que necesitan garantizar un suministro regular de los recursos renovables que procesan.
Incendios periurbanos y de montes arbolado
La singularidad de los incendios de 2006 no puede vincularse a unas condiciones climatológicas más extremas que las del año anterior, en el que fue necesario imponer restricciones de agua; ni al número de fuegos que fue menor; ni a la falta de medios que fueron más abundantes. El Conselleiro de Medio Ambiente, el veinte de agosto de 2006, mostraba su desconcierto ante la novedad de unos incendios que, en una semana, quemaron más de setenta mil hectáreas a la puerta de nuestras casas: “Ocurre algo que nos tiene a todos un poco desconcertados, el hecho de que a Santiago se le plante fuego por los cuatro costados, o que la AP-9 arda en dos o tres días, o el Barbanza o el Morrazo…”. Una vez más, la sorpresa y el desconcierto le traen al Conselleiro la idea de los incendiarios; pero rechaza con claridad reducir la envergadura del problema a su acción organizada: “yo no creo en eso de la trama diseñada, organizada”. En su lugar, vincula la raíz de los incendios a una serie de factores que se van “incardinando a un gran fenómeno social que tiene Galicia”(1). Señalar la AP-9, el Barbanza, y el Morrazo equivale a centrar el problema en un brusco y conflictivo proceso de urbanización, que se agudiza en las grandes redes de comunicación cuando se descuidan las tareas de mantenimiento. Una clara estructura socioeconómica de riesgo, unida a un elevado riesgo físico (temperatura, grado de humedad y velocidad del viento) dan cuenta de los incendios periurbanos del verano de 2006 a lo largo de la AP-9 entre Vilaboa/Pontevedra y Santiago.
En 2017 las condiciones físicas fueron realmente extremas pero, después de más de tres meses de sequía y grave escasez de agua, era obligado haber tomado medidas excepcionales de previsión y tener en plena forma la organización antincendios. Veinticinco años de vigencia del Plan Forestal de Galicia parece un tiempo más que suficiente para haber diseñado y puesto en marcha un plan progresivo de desbroces y capitalización de los montes, estableciendo acuerdos de colaboración con instancias de la sociedad civil, en particular con las asociaciones de silvicultores y las comunidades de montes en situación de mayor riesgo, cuya aportación resulta decisiva en la fase inicial para impedir que un fuego se convierta en incendio. Un análisis elemental de los orígenes y el recorrido del fuego desvela una clara deficiencia de trabajos de prevención, a pesar de tener identificado el relativamente reducido número de parroquias, que concentran los niveles más elevados de riesgo.
Tampoco es de recibo volver a presentar como responsables principales a supuestos incendiarios, cuya imagen produce más pena que rabia y delata deficiencias en la asistencia social. Importa destacar a este propósito la clara ausencia de pruebas sobre la existencia de una trama incendiaria (la hipótesis oficial llegó a asimilar a los incendiarios con terroristas). A punto de publicar su informe oficial sobre los incendios de los días 14 y 15 de octubre de 2017, el Fiscal de Medio Ambiente es tajante: “No hay ninguna relación entre las cuatro personas que fueron detenidas tras la ola de incendios de octubre (…) lo hemos dicho desde el principio, no tenemos evidencias de que haya tramas”(2). A la misma conclusión acaba de llegar también la Comisión Parlamentaria de Incendios y Política Forestal; por su parte, la policía lusa, después de investigar miles de fuegos en el país vecino, concluía que “no hay ni un indicio de que detrás de los incendios de los últimos años estén organizaciones criminales ni intereses económicos”.
Las características singulares de los incendios periurbanos de 2006 y 2017 están marcadas por tres hechos novedosos, que les dan una mayor notoriedad:
- Las zonas quemadas no son espacios desertizados del interior sino áreas periurbanas con una alta densidad de población.
- Retornaron cifras de hectáreas quemadas desconocidas desde 1989, y
- Ardieron más hectáreas forestadas que de matorral.
Es obligado destacar además la generalización de una gran alarma social y una amplia movilización de la población civil en las labores de extinción, que consiguió detener o desviar el fuego de numerosas viviendas y edificaciones. La presencia de víctimas mortales -4 en 2006 y otras 4 en 2017- pone de manifiesto graves deficiencias organizativas, que parecían definitivamente superadas. En 2006 el desastre de los montes periurbanos de Pontevedra-Santiago se produjo con gestión del Gobierno de la Xunta compartido por el BNG y el PSOE; y los de octubre de 2017 en el Area Metropolitana de Vigo, con gestión autonómica del PP y municipal del PSOE.
Por extraño que parezca, la malla de la trama incendiaria -como apuntaba el Conselleiro de Medio Ambiente en 2006- muestra un claro componente estructural, que abarca la autopista, carreteras nacionales y secundarias; redes eléctricas de alta tensión, vías de ferrocarril y pistas o caminos locales sin desbrozar. Después de observarlo en Aquitania, desde hace treinta años venimos señalando que en las redes de comunicación –sobre todo en días de intenso tráfico, que equivale a un brusco incremento de población- se pueden generar, casi simultáneamente, una cadena seguida de fuegos asociados a deficiente combustión, chispas, imprudencias o descuidos, cuando los bordes de las vías están cargados de biomasa. Pero si se dispone de servicios profesionales y bien gestionados de vigilancia y extinción, capaces de llegar al punto de ignición en unos diez o quince minutos, no se convierten en incendios. Baste mencionar a este propósito la reducción de fuegos y de incendios que ha supuesto el sellado -en muy pocos años- de la amplia red de basureros municipales, que ardían a cielo abierto en muchos montes a las afueras de pueblos y ciudades. Si la quema industrial de los residuos urbanos está permitiendo convertir la basura en energía, un aprovechamiento similar de la biomasa podría librarnos también de la mayoría de los incendios forestales, eliminando prácticamente los de grandes dimensiones y la mayoría de los periurbanos.
Riesgo integral y riesgo socioeconómico de incendio
Desde esta perspectiva, el problema no es quien puso el fuego sino por qué pudieron arder los montes periurbanos. Se trata de substituir la mentalidad tradicional, superando la obsesión por la culpa y la búsqueda interesada de culpables, por una actitud científica centrada en descubrir los factores de riesgo para implementar medidas eficaces de prevención y una gestión eficiente. En suma, después de los incendios, la hoja de ruta no puede seguir siendo buscar, año tras año, chivos expiatorios; la tarea ineludible es analizar sobre el terreno la presencia de los factores concretos de riesgo que configuran la matriz de la que surgen los incendios y alimenta su desarrollo.
En el marco de un proyecto interdisciplinar cofinanciado por la UE(3) propusimos un modelo para el análisis del riesgo integral de incendio forestal, compuesto por dos tipos complementarios de riesgos:
- A) El riesgo físico, definido básicamente por las características de la estación y del suelo, actúa como condición de posibilidad.
- B) El riesgo socioeconómico, que estima el impacto de la acción humana como elemento desencadenante. Lo definimos a partir del efecto combinado de cinco factores:
- La existencia de un incremento o disminución brusca de la densidad de población, que se traduce en una ocupación desordenada de las áreas periurbanas o una desertización de los espacios interiores.
- El grado de rentabilidad o utilidad social del bosque, que favorece su gestión sostenible o su abandono.
- La existencia de tensiones sociales no resueltas o de usos contrapuestos.
- La generalización de una cultura forestal coherente fundada en una lógica profesional o la presencia de prejuicios que incrementan los conflictos.
- El nivel de eficacia y eficiencia organizativa de los servicios de extinción y el grado de integración corporativa del sector forestal.
A partir de tres de estos factores para los que disponíamos de datos (densidad de población, rentabilidad forestal y nivel de tensión) pudimos dar cuenta de un ochenta y tres por ciento de los fuegos detectados en la comarca de Noia (provincia de A Coruña) durante los años 1983-1996. El modelo se aplicó con éxito a un análisis comparado de Galicia y una región de Grecia, alcanzando niveles de explicación muy similares, a pesar de implicar situaciones bastante dispares(4). De una manera semejante y asumiendo que los días 14 y 15 de octubre de 2017 existió un riesgo físico considerado unánimemente extremo, sería imprescindible y muy significativo analizar el impacto de estos cinco factores socioeconómicos(5).
El monte y los bosques recursos estratégicos del futuro
Tal como muestra, de forma unánime, la experiencia de los países más avanzados y ricos del mundo, en los albores del siglo XXI el monte y los bosques -y de un modo particular en regiones templadas y húmedas como el Noroeste peninsular- aparecen claramente como un recurso de futuro. Su aprovechamiento en Galicia cuenta con las crecientes oportunidades de un sector industrial en expansión y con un espléndido nuevo horizonte de negocios ambientales y de servicios recreativos. Para ello es imprescindible establecer líneas profesionales de gestión que permitan armonizar los distintos usos y aprovechamientos del monte, en lugar de mirar para otra parte buscando incendiarios y amenazando con sanciones. La fijación con los incendiarios parece responder a la necesidad que sienten los responsables de la prevención y la extinción rápida de encontrar chivos expiatorios, dados los cuantiosos recursos de que disponen en exclusiva y durante ya muchos años.
El olvido de la política forestal de reconstrucción del monte -consensuada para cuarenta años en el Plan Forestal de 1992- condujo a los Gobiernos de la Xunta a centrar su acción a corto plazo, en una guerra sin cuartel contra el fuego(6) y la búsqueda infructuosa de incendiarios. Las catástrofes de 2006 y 2017 constituyen las muestras más visibles y graves del fracaso de esta guerra total, a pesar de haber ido, año tras año, incorporando equipamientos más sofisticados y caros (en particular medios aéreos y este año una red de teledetección) e involucrando a profesionales de otros cuerpos especializados (Policía, Guardia Civil, Ejército, grupos de voluntarios, un Fiscal especial).
Ahora que la amenaza del fuego ofrece una cierta tregua y que conocemos las parroquias que encierran el mayor riesgo, así como el tipo de riesgo predominante en cada una, la medida más urgente es poner fin a esta guerra contra el fuego que dura ya demasiado tiempo y consume la mayor parte de los recursos disponibles. Sólo a partir de esta decisión, será posible ir dedicando una parte creciente de los fondos, consumidos en una guerra total y sin fin, a tareas de prevención, al desarrollo corporativo de los pequeños silvicultores y al diseño de incentivos financiero-fiscales que hagan viable un aprovechamiento integral y sostenible del monte. A este ambicioso objetivo debieran dedicarse además buena parte de los fondos comunitarios diseñados para desarrollo rural y medio ambiente, haciendo posible instaurar una “economía circular” a partir de los recursos renovables de los montes.
Desde esta perspectiva, la evaluación de una campaña de incendios debe empezar por analizar el grado de implementación y efectividad de las medidas programadas, antes de ponerse a buscar incendiarios. ¿No tendría, por ejemplo, que haberse realizado un seguimiento -al menos en las zonas de mayor riesgo que presentan un historial conocido de incendios repetidos- de la implementación de las disposiciones que desde hace ya varios años prescriben la obligatoriedad de desbrozar fincas, bordes de pistas, entorno circundante de las casas y redes de comunicación? Después de una primera experimentación, podrían evitarse medidas demasiado generales y simplistas, especificando en primer lugar las zonas prioritarias y las responsabilidades concretas de los beneficiarios directos (titulares de las casas y fincas, así como las instituciones y empresas responsables de los bordes de las vías de comunicación, riberas, tendidos eléctricos…). Conoceríamos, en segundo lugar, la escasez de profesionales y sus necesidades de apoyo financiero. Un trabajo previo de auditoría de los agentes implicados y de prueba-error permitiría contar con un alto grado de legitimidad y apoyo -similar al conseguido en 1992 por el PFG- en lugar de recurrir a un simple ordeno y mando precipitado, de aplicación general y antes de escuchar a los directamente implicados ni tener en cuenta los diversos niveles de riesgo y responsabilidad. El resultado sería ir logrando una asignación mucho más eficiente de los recursos disponibles, hasta llegar a una situación de montes capitalizados con un relativamente bajo y asumible nivel de riesgo en relación al valor de los diversos activos a salvaguardar.
Largo plazo y participación
A este propósito resultan de interés las declaraciones de Fernando Pradells, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana: “Para que sea creíble (una política de prevención) se debe trabajar a largo plazo y no es lo que vemos, independientemente del Gobierno que esté (…) se gasta más dinero en extinción que en previsión. Debería ser al contrario. De nada sirven los buenos medios si el monte no está bien cuidado”. Este planteamiento equivocado responde a que “se ha quitado protagonismo a las comunidades rurales”(7) tratando a sus actores como menores y arcaicos, para substituirlos por funcionarios, personal contratado y consultores particulares. Resulta inútil legislar sin contar con los silvicultores -ciudadanos que disponen de niveles importantes de formación- tratando a posteriori de culpabilizarlos del desastre e incluso sancionarlos. Con demasiada frecuencia los responsables políticos y las Administraciones confunden gestionar con un incremento desordenado de disposiciones y tablas de sanciones, que ahogan la iniciativa y la inversión de los agentes civiles. Prescindir de las aportaciones de los actores principales -los silvicultores titulares de los montes- sigue siendo la principal deficiencia de la actual política forestal que, justamente por esta razón, se ve reducida a una guerra sin fin contra el fuego. Tratar de culpabilizar a las víctimas sólo puede conseguir reiniciar una vez más el círculo vicioso del fuego(8).
La elaboración del Plan Forestal de Galicia en 1992 tomó, justamente, como punto de partida esta doble exigencia: a) un horizonte temporal a largo plazo (40 años) y b) la participación de todos los actores implicados (silvicultores, empresarios y universidades; asociaciones científicas y de ecologistas; parlamentarios y partidos políticos; población general y medios de comunicación. Para conocer y tener en cuenta la diversidad de sus opiniones e intereses, se realizó una amplia auditoría socioeconómica (PFG, IV y V: 177-299). Consecuencia de esta ardua y compleja tarea fue su aprobación sin un solo voto en contra; este nivel de consenso no lo ha logrado el reciente Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Incendios y Política Forestal. El Plan Forestal preveía una revisión cada cinco años, para seguir de cerca su grado de implementación, en particular evaluar el logro de las metas operativas y ajustar los objetivos programáticos a las nuevas demandas sociales. A pesar de haber conseguido, durante estos 26 años de vigencia, importantes equipamientos de enseñanza universitaria e investigación, mejorar la silvicultura, duplicar la producción de madera, crear una primera red corporativa de silvicultores y empresas de transformación con vínculos internacionales, estimular un mayor interés y aprecio de la opinión pública por el monte y los bosques hasta el punto de contar con un buen número de ciudadanos dispuestos a participar en trabajos y hacer aportaciones económicas(9), lamentablemente durante el primer cuarto de siglo de vigencia del Plan Forestal de Galicia ningún Gobierno de la Xunta cumplió el mandato de revisarlo cada cinco años. Sorprende que este olvido se pretenda subsanar con una redacción ex novo de otro PFG. Y sorprende aún más, que los actores principales del sector forestal hayan tenido que reclamar públicamente ser escuchados.
Por último, las demandas forestales –como cualquier otra demanda- tienen que ser solventes. Esto significa que, además de la obligada inversión pública, tanto los usuarios directos como los beneficiarios de la revalorización del suelo y de la calidad del entorno urbano tienen que contribuir a hacer sostenible la gestión de unos montes, cuya contribución resulta crucial para garantizar la calidad del agua y del aire, así como la ordenación del territorio, el aprovisionamiento de materias primas a sectores estratégicos de actividad y el suministro de energías renovables. Y lo mismo que sucede con nuestra propia vivienda, la calidad de nuestros montes -en especial de los montes periurbanos- será la que estemos dispuestos a financiar, aunque para ello tengamos que endeudarnos un poco a largo plazo. Lo que, en modo alguno, se puede esperar y menos exigir es que los silvicultores -verdaderos guardianes y jardineros de nuestros montes y sus bosques- tengan que asumir en exclusiva el coste de los beneficios que nos aportan a todos y que todos reclamamos
NOTAS
(1) El Correo Gallego y Faro de Vigo, 20 de agosto de 2006.
(2) El Correo Gallego 12.02.2018, Primera página y pág. 12.
(3) Forest Fire Management and Fire Prevention System: FOMFIS-ENVIRONMENT, ENV4-CT96-0335.
(4) PEREZ VILARIÑO, JOSÉ: “Incendios Forestales y Reconstrucción Social del Monte” En REFLEXIOSOCIOLOGICAS Libro homenaje a José Castillo Castillo. CIS, Madrid, 2004: 651-678.
(5) PEREZ VILARIÑO, J. y B. MOLINA MARTÍNEZ: Estudio Socioeconómico de las Parroquias más Conflictivas en Relación con los Incendios Forestales en Galicia, Proyecto LUSOC 2002-2003, SESFOR, Santiago de Compostela 2004.
Una primera inspección del camino seguido por el fuego en Chandebrito parroquia en la que el fuego abrasó un coche que intentaba alejarse con dos personas dentro- sitúa su origen o entrada por el lugar de Parada, al borde de la autopista a Baiona (en el punto kilométrico 12.5) al pie de una torre eléctrica de alta tensión, en un entorno boscoso sin desbrozar y junto a una casa unifamiliar, al atardecer de un caluroso fin semana. Esta observación es confirmada por el relato espontáneo de dos vecinos del entorno, que colaboraron en la extinción y señalan que no se sabe quién dio la orden de evacuar las viviendas sin garantizar que las personas tomasen un camino seguro. Entre los factores de riesgo que se observan en el incendio están un crecimiento demográfico con un buen número de viviendas y otras construcciones dispersas que delatan una profusa confusión de usos en un suelo poco ordenado y con una notable carga de biomasa sin desbrozar; todo ello revela un déficit organizativo y de gestión que entremezcla espacios con una considerable rentabilidad urbana con otros espacios descuidados y con una sobrecarga de biomasa por falta de valor de mercado. El resultado es una situación de anomía, en la que la lógica de acción tradicional se entrecruza con la urbana y cada cual decide por su cuenta sin prestar demasiada atención a los eventuales requerimientos de un entorno que tampoco se ocupa demasiado por responder a sus necesidades urbanas ni rurales. Para definir con rigor la matriz de riesgo que subyace a este incendio, sería preciso completar y aquilatar esta primera información para cada uno de los cinco factores de riesgo socioeconómico, tarea para la que están disponibles y operacionalizados una serie de indicadores cuya presencia es fácil de medir o estimar. (Cf. PEREZ VILARIÑO, J, y B. MOLINA MARTÍNEZ, 2004). Conocer los niveles de riesgo real (físico y socioeconómico) permite identificar los componentes principales de las diferentes matrices de riesgo, haciendo posible una previsión correcta y una intervención más eficiente que substituya la improvisación de medidas y sanciones generales, imposibles de implementar con equidad. Y en cualquier caso, esta estrategia resulta más razonable que buscar tan pertinaz como infructuosamente incendiarios.
(6) El primer éxito electoral de Fraga, después de una campaña centrada en el control de los incendios forestales, aparece como un importante determinismo de la obsesión con los incendios y el olvido sistemático del Plan Forestal.
(7) PRADELLS, Fernando: www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/si-sigue-la-politica-de-no-politica-forestal-habra-megaincendios-de-100-000-hectares-8591FJ18228591.
(8) Ejemplo de esta lógica exculpatoria es una noticia reciente de la Consellería de Medio Rural. Después de detallar los miles de efectivos de diversos cuerpos, así como los medios aéreos, terrestres e informáticos asignados a esta guerra contra el fuego, la Consellería destaca las “2400 notificaciones de sanciones por fincas sin limpiar” enviadas estos días “a aquellos propietarios que no cumplieron con la obligación de mantener limpias las franjas de seguridad” (El Correo Gallego, 2 de agosto de 2018); el texto no señala, en cambio el envío eventual de alguna de estas notificaciones a instituciones o corporaciones responsables del desbroce de redes y vías de comunicación en cuyo entorno se produjeron graves incendios. A pesar de que ni el Fiscal, ni los Jueces ni la Comisión Parlamentaria han detectado indicios de grupos organizados de incendiarios, en la Consellería y la Dirección Xeral de Ordenación Forestal se sigue hablando de “la actuación intencionada de incendiarios”.
(9) En una encuesta a la población de 16 a 75 años de Vigo, uno de cada dos entrevistados muestra su deseo de dedicar parte de su tiempo libre y una contribución económica anual (en torno a 16€) al cuidado de los montes periurbanos de la ciudad. Proyecto INTERREG III-A. Natureza Viva (NAVI), Vigo 2004-2006; Boletín Socioeconómico Pontevedra Siglo XXI, Nº10 y 11, 2005 y 2006.
