Actualidad

Por qué pudieron arder los montes periurbanos de Vigo (2017) y de la autopista Pontevedra-Santiago (2006)

José Pérez Vilariño
Catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela
Miembro fundador y exvicepresidente de la Asociación Gallega de Silvicultura

Los dramáticos meses de verano no eran el momento para discutir, y mucho menos para debatir, sobre los incendios, sino para aunar esfuerzos en la lucha contra ellos. Ahora, sin embargo, es el momento adecuado para la investigación y el debate, sobre todo tras la creación de un grupo de especialistas y responsables políticos para estudiarlos. Para comprender la magnitud del problema de los incendios forestales en Galicia, conviene recordar que sus bosques producen casi la mitad de la madera de España, un recurso cuyo consumo per cápita anual es uno de los indicadores más significativos no solo del nivel de vida de un país, sino también de su calidad de vida. Basta recordar que Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria y Francia son los mayores consumidores y productores de madera del mundo y cuentan con los bosques mejor gestionados.

En el verano de 2006, en el transcurso de dos semanas, a lo largo de la Carretera del Atlántico entre Pontevedra y Vigo, ardieron más de 70 000 hectáreas de bosque (una superficie equivalente al 25 % de las hectáreas quemadas en los 17 años anteriores). En 2017, además de los grandes incendios forestales del interior, los días 14 y 15 de octubre el fuego arrasó unas 49 000 hectáreas de bosque periurbano en Vigo. La gravedad y la novedad de estos sucesos exigen una investigación rigurosa, que no puede reducirse a una investigación policial y judicial sobre posibles comportamientos desviados. Es esencial analizar no solo la presencia de factores físicos (en particular, la temperatura, los niveles de humedad y la velocidad del viento), sino también los determinismos de riesgo socioeconómicos, cuya prevención depende más directamente de la acción humana.

Desorganización social e incendios forestales

La especial preocupación social que se ha generado en los dos últimos veranos se debe a que la ola de incendios no se concentró, como solía ser habitual, en las regiones despobladas del interior, sino que afectó en primer lugar al eje Pontevedra-Santiago y, en segundo lugar, al área metropolitana de Vigo; es decir, a las zonas más pobladas y dinámicas del centro y el sur de Galicia.

Hasta ahora, en algunas de estas zonas podían producirse algunos incendios de pequeña magnitud, pero muy pocos de una envergadura significativa. El bosque tradicional, además de la madera, proporcionaba a la sociedad agraria una variedad de beneficios relacionados con la explotación de la leña, los pastos, los frutos silvestres, la caza, etc. Los bosques y las zonas boscosas —a pesar de estar en el exterior— se integraban en el tejido social, económico y cultural de la comunidad rural gallega, y el fuego era una herramienta importante en la gestión de estos espacios. En muy poco tiempo, Galicia abandonó su densa red de aldeas para concentrarse en torno a la autopista del Atlántico, creando un espacio urbano desorganizado con un alto grado de confusión en cuanto a los nuevos usos. Al mismo tiempo, la UE, obsesionada con reducir el coste de su política agrícola, fomentó la forestación de las tierras agrícolas abandonadas, pero sin garantizar su gestión. El resultado es una acumulación desordenada e interminable de madera y biomasa, que traslada al campo las tensiones de un nuevo espacio urbano sin la planificación necesaria. Se trata de un fenómeno similar al que ha dominado, y sigue influyendo, en la tasa de accidentes de tráfico en las carreteras.

El Plan Forestal de Galicia (1992), anticipándose al rápido aumento del grave riesgo socioeconómico que suponían los incendios forestales, estableció como medida preliminar el punto de partida de un nuevo modelo profesional y regionalizado de prevención y extinción (PFG, capítulo VII.1). La sustitución de las capitales de provincia por sedes comarcales permite llegar antes a los puntos de ignición para evitar que los incendios se conviertan en grandes incendios. (Con esta nueva estrategia, la superficie quemada se redujo de casi doscientas mil hectáreas en 1989 a menos de ocho mil cuatro años después). Al mismo tiempo, se señaló la urgencia de diseñar y difundir una nueva cultura forestal basada en la profesionalidad, que permitiera a los nuevos urbanitas comprender las exigencias del bosque y sus recursos (PFG, cap. V). Las carencias de esta cultura han permitido que se afiancen prejuicios partidistas profundamente arraigados, utilizados como arma política; la división simplista de los árboles en buenos (árboles autóctonos o nacionales) y malos (árboles invasores o foráneos), genera posiciones políticas rígidas y dificulta la negociación de los acuerdos a largo plazo que requieren las rotaciones de los árboles, la gestión de los usos forestales y las importantes inversiones de las empresas que necesitan garantizar un suministro regular de los recursos renovables que procesan.

Incendios forestales periféricos y en zonas boscosas

La singularidad de los incendios de 2006 no puede atribuirse a unas condiciones meteorológicas más extremas que las del año anterior, cuando fue necesario imponer restricciones en el consumo de agua; ni al número de incendios, que fue menor; ni a una falta de recursos, que eran más abundantes. El 20 de agosto de 2006, el secretario de Estado de Medio Ambiente expresó su desconcierto ante la novedad de unos incendios que, en una sola semana, quemaron más de setenta mil hectáreas a las puertas de nuestra casa: “Está ocurriendo algo que nos tiene a todos un poco desconcertados, el hecho de que Santiago esté siendo incendiada por los cuatro costados, o que la AP-9 arda en dos o tres días, o la Barbanza o el Morrazo…”. Una vez más, la sorpresa y el desconcierto llevan al consejero a pensar en pirómanos; pero rechaza claramente reducir la magnitud del problema a su acción organizada: “No creo en esta idea de una trama diseñada y organizada”. En cambio, vincula el origen de los incendios a una serie de factores que se están “arraigando en un gran fenómeno social que tiene Galicia”.”⁽¹⁾. Destacar la AP-9, Barbanza y el Morrazo equivale a centrar el problema en un proceso de urbanización repentino y polémico, que se intensifica en las grandes redes de transporte cuando se descuida su mantenimiento. Una clara estructura de riesgo socioeconómico, combinada con un alto riesgo físico (temperatura, nivel de humedad y velocidad del viento), explica los incendios periurbanos del verano de 2006 a lo largo de la AP-9 entre Vilaboa/Pontevedra y Santiago.

En 2017, las condiciones meteorológicas fueron verdaderamente extremas, pero, tras más de tres meses de sequía y grave escasez de agua, era imprescindible haber adoptado medidas preventivas excepcionales y tener la organización de lucha contra incendios en plena forma. Veinticinco años de vigencia del Plan Forestal de Galicia parecen tiempo más que suficiente para haber diseñado y puesto en marcha un plan progresivo de desbroces y capitalización de los bosques, estableciendo acuerdos de colaboración con organismos de la sociedad civil, en particular con las asociaciones de silvicultores y las comunidades forestales de mayor riesgo, cuya contribución es decisiva en la fase inicial para evitar que un incendio se convierta en un gran incendio. Un análisis básico de los orígenes y la progresión del incendio revela una clara deficiencia en la labor preventiva, a pesar del número relativamente reducido de parroquias identificadas como las que concentran los mayores niveles de riesgo.

Tampoco es aceptable volver a presentar a los presuntos pirómanos como los principales culpables, cuya imagen suscita más lástima que ira y pone de manifiesto las deficiencias de la asistencia social. Es importante destacar, a este respecto, la clara ausencia de pruebas de un complot incendiario (la hipótesis oficial llegó incluso a equiparar a los pirómanos con terroristas). A punto de publicar su informe oficial sobre los incendios del 14 y 15 de octubre de 2017, el fiscal de Medio Ambiente es categórico: “No hay ningún vínculo entre las cuatro personas que fueron detenidas tras la ola de incendios de octubre (…) hemos dicho desde el principio que no tenemos pruebas de ningún complot”.”⁽²⁾. La Comisión Parlamentaria sobre Incendios y Política Forestal acaba de llegar a la misma conclusión; por su parte, la policía portuguesa, tras investigar miles de incendios en el país vecino, concluyó que “no hay el más mínimo indicio de que detrás de los incendios de los últimos años se escondan organizaciones criminales o intereses económicos”.

Las características distintivas de los incendios periurbanos de 2006 y 2017 se caracterizan por tres aspectos novedosos, que les confieren mayor relevancia:

• Las zonas quemadas no son espacios desérticos del interior, sino zonas periurbanas con una elevada densidad de población.
• Se han vuelto a conocer las cifras de hectáreas quemadas, que se desconocían desde 1989, y
• Se quemaron más hectáreas de bosque que de matorral.

También es necesario destacar la gran alarma social y la amplia movilización de la población civil en las labores de extinción, que lograron detener o desviar el fuego de numerosas viviendas y edificios. La existencia de víctimas mortales —cuatro en 2006 y otras cuatro en 2017— pone de manifiesto graves deficiencias organizativas que parecían haberse superado definitivamente. En 2006, la catástrofe en las zonas periurbanas de Pontevedra y Santiago se produjo bajo un gobierno de coalición de la Xunta compartido por el BNG y el PSOE; y las de octubre de 2017 en el Área Metropolitana de Vigo, bajo un gobierno autonómico del PP y un gobierno municipal del PSOE.

Por extraño que pueda parecer, la red de incendios provocados —como señaló el concejal de Medio Ambiente en 2006— presenta un claro componente estructural, que abarca autopistas, carreteras nacionales y secundarias; redes eléctricas de alta tensión, vías férreas y caminos o senderos locales que no se han despejado. Tras observarlo en Aquitania, llevamos treinta años señalando que en las redes de comunicación —especialmente en días de tráfico intenso, lo que supone un aumento repentino de la población— puede generarse una cadena de incendios sucesivos casi simultáneamente, asociados a una combustión deficiente, chispas, imprudencia o descuido, cuando los bordes de las carreteras están cargados de biomasa. Pero si existen servicios de vigilancia y extinción profesionales y bien gestionados, capaces de llegar al punto de ignición en unos diez o quince minutos, estos no se convierten en incendios. Basta mencionar, a este respecto, la reducción de incendios y incendios forestales que ha supuesto el cierre —en tan solo unos años— de la extensa red de vertederos municipales, que solían arder al aire libre en muchas laderas de las afueras de pueblos y ciudades. Si la quema industrial de residuos urbanos permite convertir la basura en energía, un uso similar de la biomasa también podría librarnos de la mayoría de los incendios forestales, eliminando prácticamente los de gran escala y la mayoría de los incendios periurbanos.

Riesgo de incendio global y socioeconómico

Desde esta perspectiva, el problema no es quién provocó el incendio, sino por qué los bosques periurbanos pudieron arder. Se trata de sustituir la mentalidad tradicional —superando la obsesión por la culpa y la búsqueda interesada de culpables— por una actitud científica centrada en identificar los factores de riesgo para aplicar medidas de prevención eficaces y una gestión eficiente. En resumen, tras los incendios, el camino a seguir no puede seguir siendo la búsqueda de chivos expiatorios año tras año; la tarea ineludible es analizar sobre el terreno la presencia de los factores de riesgo específicos que constituyen la matriz de la que surgen los incendios y alimentan su desarrollo.

En el marco de un proyecto interdisciplinario cofinanciado por la UE⁽³⁾ Hemos propuesto un modelo para el análisis del riesgo global de incendios forestales, compuesto por dos tipos de riesgo complementarios:

• A) El riesgo físico, definido esencialmente por las características de la estación y del suelo, constituye una condición previa.
• B) Riesgo socioeconómico, que estima el impacto de la acción humana como factor desencadenante. Lo definimos a partir del efecto combinado de cinco factores:

1. La existencia de un aumento o una disminución repentina de la densidad de población, lo que da lugar a una ocupación desordenada de las zonas periurbanas o a la desertificación de los espacios interiores.
2. El grado de rentabilidad o utilidad social del bosque, que favorece su gestión sostenible o su abandono.
3. La existencia de tensiones sociales sin resolver o de usos contradictorios.
4. La generalización de una cultura forestal coherente basada en la lógica profesional, o la presencia de prejuicios que agravan los conflictos.
5. El nivel de eficacia y eficiencia organizativa de los servicios de extinción de incendios y el grado de integración institucional del sector forestal.

Utilizando tres de estos factores para los que disponíamos de datos (densidad de población, rentabilidad forestal y nivel de tensión), pudimos explicar el 83 % de los incendios detectados en la comarca de Noia (provincia de A Coruña) durante el periodo 1983-1996. El modelo se aplicó con éxito a un análisis comparativo entre Galicia y una región de Grecia, logrando niveles de explicación muy similares, a pesar de tratarse de situaciones bastante diferentes.⁽⁴⁾. Del mismo modo, y suponiendo que los días 14 y 15 de octubre de 2017 se produjera un riesgo físico considerado unánimemente extremo, resultaría esencial y de gran importancia analizar el impacto de estos cinco factores socioeconómicos.⁽⁵⁾.

La montaña y los bosques: recursos estratégicos del futuro

Como demuestra de forma unánime la experiencia de los países más avanzados y prósperos del mundo, en los albores del siglo XXI, el campo y los bosques —y, en particular, en regiones templadas y húmedas como el noroeste de la península— se perfilan claramente como un recurso para el futuro. Su aprovechamiento en Galicia ofrece las crecientes oportunidades de un sector industrial en expansión y un nuevo y espléndido horizonte para las empresas medioambientales y los servicios recreativos. Para ello, es imprescindible establecer unas directrices de gestión profesional que permitan armonizar los diferentes usos y rendimientos del bosque, en lugar de mirar hacia otro lado en busca de pirómanos y amenazar con sanciones. La obsesión por los pirómanos parece derivarse de la necesidad que sienten los responsables de la prevención y la extinción Rápida de encontrar chivos expiatorios, dados los considerables recursos de los que han dispuesto en exclusiva durante muchos años.

El descuido de la política de regeneración forestal —acordada para un periodo de cuarenta años en el Plan Forestal de 1992— llevó a los gobiernos de la Xunta a centrar sus medidas a corto plazo en una lucha sin cuartel contra los incendios.⁽⁶⁾ y la búsqueda infructuosa de los autores de los incendios. Los desastres de 2006 y 2017 constituyen los ejemplos más visibles y graves del fracaso de esta guerra total, a pesar de haber incorporado, año tras año, equipos cada vez más sofisticados y costosos (en particular, medios aéreos y, este año, una red de teledetección) y de haber contado con la participación de profesionales de otros organismos especializados (la Policía, la Guardia Civil, el Ejército, grupos de voluntarios y un fiscal especial).

Ahora que la amenaza de incendios ofrece un cierto respiro y conocemos las comunidades que presentan mayor riesgo, así como el tipo de riesgo predominante en cada una de ellas, la medida más urgente es poner fin a esta guerra contra el fuego que ya se ha prolongado demasiado y que consume la mayor parte de los recursos disponibles. Solo una vez tomada esta decisión será posible dedicar una proporción cada vez mayor de los fondos, actualmente consumidos en una guerra total e interminable, a la prevención, al desarrollo empresarial de los pequeños silvicultores y al diseño de incentivos financieros y fiscales que hagan viable la gestión integral y sostenible del bosque. Una gran parte de los fondos comunitarios destinados al desarrollo rural y al medio ambiente también debería dedicarse a este ambicioso objetivo, lo que permitiría establecer una “economía circular” basada en los recursos renovables de los bosques.

Desde esta perspectiva, la evaluación de una campaña de incendios provocados debería comenzar por analizar el grado de aplicación y la eficacia de las medidas previstas, antes de lanzarse a la búsqueda de los pirómanos. ¿No debería haberse llevado a cabo, por ejemplo, un seguimiento —al menos en las zonas de alto riesgo con un historial conocido de incendios repetidos— sobre la aplicación de las disposiciones que son obligatorias desde hace varios años y que exigen la limpieza de la maleza de las propiedades, los bordes de las vías, el entorno inmediato de las viviendas y las redes de comunicación? Tras una prueba inicial, se podrían evitar medidas excesivamente generales y simplistas especificando primero las zonas prioritarias y las responsabilidades concretas de los beneficiarios directos (propietarios de viviendas y fincas, así como las instituciones y empresas responsables de los bordes de las vías de comunicación, riberas, líneas eléctricas…). En segundo lugar, nos daríamos cuenta de la escasez de profesionales y de su necesidad de apoyo financiero. Un trabajo previo que incluyera una auditoría de las partes interesadas y un proceso de ensayo y error permitiría alcanzar un alto grado de legitimidad y apoyo —similar al logrado por el PFG en 1992— en lugar de recurrir a un enfoque simple y apresurado de arriba abajo, aplicado de manera general, antes de escuchar a los directamente implicados o de tener en cuenta los diversos niveles de riesgo y responsabilidad. El resultado sería lograr progresivamente una asignación mucho más eficiente de los recursos disponibles, hasta alcanzar una situación de bosques capitalizados con un nivel de riesgo relativamente bajo y manejable en relación con el valor de los diversos activos que deben salvaguardarse.

A largo plazo y participación

En este sentido, resultan interesantes las declaraciones de Fernando Pradells, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana: “Para que una política de prevención sea creíble, debe ser un compromiso a largo plazo, y eso no es lo que estamos viendo, independientemente del gobierno que esté en el poder (…) se gasta más dinero en la extinción de incendios que en la prevención. Debería ser al revés. Unos buenos recursos no sirven de nada si el bosque no está bien cuidado”. Este enfoque erróneo se debe a que “se ha menoscabado el papel de las comunidades rurales”.”⁽⁷⁾ tratar a sus protagonistas como menores de edad y figuras arcaicas, con el fin de sustituirlos por funcionarios, personal contratado y consultores privados. No tiene sentido legislar sin tener en cuenta a los silvicultores —ciudadanos que cuentan con un alto nivel de formación— y tratarlos a posteriori de culparlos por la catástrofe e incluso sancionarlos. Con demasiada frecuencia, los políticos y las administraciones confunden la gestión con un aumento desordenado de normativas y baremos de sanciones, que ahogan la iniciativa y la inversión de los actores civiles. La omisión de las contribuciones de los principales actores —los propietarios forestales— sigue siendo la principal deficiencia de la actual política forestal, que, por esta misma razón, se reduce a una guerra interminable contra el fuego. Intentar culpar a las víctimas solo puede servir para reiniciar, una vez más, el círculo vicioso del fuego.⁽⁸⁾.

La elaboración del Plan Forestal de Galicia en 1992 partió, precisamente, de este doble requisito: a) un horizonte temporal a largo plazo (40 años) y b) la participación de todos los agentes implicados (gestores forestales, empresarios y universidades; asociaciones científicas y ecologistas; parlamentarios y partidos políticos; la ciudadanía en general y los medios de comunicación). Para comprender y tener en cuenta la diversidad de sus opiniones e intereses, se llevó a cabo una exhaustiva auditoría socioeconómica (PFG, IV y V: 177-299). El resultado de esta ardua y compleja tarea fue su aprobación sin un solo voto en contra; este nivel de consenso no se ha alcanzado en el reciente Informe de la Comisión Parlamentaria sobre Incendios y Política Forestal. El Plan Forestal preveía una revisión cada cinco años para supervisar de cerca su grado de implementación, en particular para evaluar el logro de las metas operativas y ajustar los objetivos programáticos a las nuevas demandas sociales. A pesar de haber logrado, durante estos 26 años de su aplicación, importantes instalaciones universitarias de enseñanza e investigación, una silvicultura mejorada, el doble de producción maderera, la creación de una primera red corporativa de silvicultores y empresas de transformación con vínculos internacionales, y haber estimulado un mayor interés y aprecio del público por el campo y los bosques, hasta el punto de que un buen número de ciudadanos se mostraron dispuestos a participar en los trabajos y a realizar contribuciones económicas⁽⁹⁾, Lamentablemente, durante el primer cuarto de siglo de aplicación del Plan Forestal de Galicia, ningún Gobierno de la Xunta cumplió con la obligación de revisarlo cada cinco años. Resulta sorprendente que se pretenda subsanar este descuido con una simple redacción. desde cero de otro PFG. Y resulta aún más sorprendente que los principales actores del sector forestal hayan tenido que exigir públicamente que se les escuche.

Por último, la demanda forestal —como cualquier otra demanda— debe ser solvente. Esto significa que, además de la inversión pública obligatoria, tanto los usuarios directos como los beneficiarios de la revalorización del suelo y de la calidad del entorno urbano deben contribuir a que la gestión de estos bosques sea sostenible, ya que su contribución es crucial para garantizar la calidad del agua y del aire, así como para la ordenación del territorio, el suministro de materias primas a sectores estratégicos de actividad y el suministro de energía renovable. Y al igual que con nuestra propia casa, la calidad de nuestros bosques —especialmente los periurbanos— vendrá determinada por lo que estemos dispuestos a financiar, aunque ello implique asumir una pequeña deuda a largo plazo. Lo que no se puede esperar, y mucho menos exigir, es que los silvicultores —los verdaderos guardianes y jardineros de nuestros bosques y selvas— tengan que soportar la totalidad del coste de los beneficios que proporcionan a todos nosotros y que todos reclamamos.

 

Notas

⁽¹⁾ El Correo Gallego y Faro de Vigo, 20 de agosto de 2006.

⁽²⁾ El Correo Gallego, 12 de febrero de 2018, portada y página 12.

⁽³⁾ Sistema de gestión y prevención de incendios forestales: FOMFIS-ENVIRONMENT, ENV4-CT96-0335.

⁽⁴⁾ PÉREZ VILARIÑO, JOSÉ: “Los incendios forestales y la reconstrucción social del bosque”, en REFLEXIOSOCIOLÓGICAS, libro homenaje en honor de José Castillo Castillo. CIS, Madrid, 2004: 651-678.

⁽⁵⁾ PÉREZ VILARIÑO, J. y B. MOLINA MARTÍNEZ: Estudio socioeconómico de las parroquias más afectadas por los incendios forestales en Galicia, Proyecto LUSOC 2002-2003, SESFOR, Santiago de Compostela 2004.

Una inspección preliminar del recorrido del incendio en la parroquia de Chandebrito —donde quemó un coche que intentaba alejarse con dos personas en su interior— sitúa su origen o punto de entrada en Parada, junto a la autopista de Baiona (en el kilómetro 12).5) a los pies de una torre de alta tensión, en una zona boscosa cubierta de maleza y junto a una vivienda unifamiliar, a última hora de la tarde de un caluroso fin de semana. Esta observación se ve confirmada por el relato espontáneo de dos vecinos de la zona, que ayudaron en la extinción del incendio y afirman que se desconoce quién dio la orden de evacuar las viviendas sin asegurarse de que la gente tomara una ruta segura. Entre los factores de riesgo observados en el incendio se encuentran el crecimiento demográfico, con un gran número de viviendas y otros edificios dispersos que delatan una profusa confusión de usos en un terreno mal planificado con una carga significativa de biomasa sin segar; todo ello revela un déficit organizativo y de gestión que entremezcla espacios con considerable rentabilidad urbana con otras zonas abandonadas y una sobrecarga de biomasa debido a la falta de valor de mercado. El resultado es una situación de anomia, en la que la lógica tradicional de actuación se cruza con la lógica urbana, y cada uno decide por su cuenta sin prestar demasiada atención a las posibles exigencias de un entorno que, a su vez, hace poco por responder a sus necesidades urbanas o rurales. Para definir rigurosamente la matriz de riesgo subyacente a este incendio, sería necesario completar y refinar esta información inicial para cada uno de los cinco factores de riesgo socioeconómicos, una tarea para la cual se dispone de una serie de indicadores operacionalizados, cuya presencia es fácil de medir o estimar. (Cf. PEREZ VILARIÑO, J, y B. MOLINA MARTÍNEZ, 2004). Conocer los niveles de riesgo real (físico y socioeconómico) permite identificar los principales componentes de las diferentes matrices de riesgo, lo que hace posible una previsión precisa y una intervención más eficaz que sustituya a la improvisación de medidas y a las sanciones generales, imposibles de aplicar de forma equitativa. Y, en cualquier caso, esta estrategia es más razonable que la búsqueda tan persistente, aunque infructuosa, de pirómanos.

⁽⁶⁾ El primer éxito electoral de Fraga, tras una campaña centrada en la lucha contra los incendios forestales, parece haber sido un factor determinante de la obsesión por los incendios y del abandono sistemático del Plan Forestal.

⁽⁷⁾ PRADELLS, Fernando: www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/si-sigue-la-politica-de-no-politica-forestal-habra-megaincendios-de-100-000-hectares-8591FJ18228591.

⁽⁸⁾ Un ejemplo de esta lógica exculpatoria es una noticia reciente de la Consellería de Medio Rural. Tras detallar los miles de efectivos de diversos organismos, así como los recursos aéreos, terrestres e informáticos destinados a esta lucha contra el fuego, la Consellería destaca las “2.400 notificaciones de multas por parcelas sin limpiar” enviadas en los últimos días “a aquellos propietarios que no cumplieron con la obligación de mantener despejados los márgenes de seguridad” (El Correo Gallego, 2 de agosto de 2018); el texto, sin embargo, no menciona el eventual envío de ninguna de estas notificaciones a las instituciones o corporaciones responsables de la limpieza de la vegetación de las redes y vías de comunicación en cuya proximidad se produjeron graves incendios. A pesar de que ni la Fiscalía, ni los jueces, ni la Comisión Parlamentaria han detectado indicios de grupos organizados de pirómanos, la Consellería y la Dirección General de Bosques siguen hablando de “la acción deliberada de pirómanos”.

⁽⁹⁾ En una encuesta realizada a la población de Vigo de entre 16 y 75 años, uno de cada dos encuestados expresó su deseo de dedicar parte de su tiempo libre y realizar una aportación económica anual (alrededor de 16 €) al cuidado de los bosques periurbanos de la ciudad. Proyecto INTERREG III-A. Nature Viva (NAVI), Vigo 2004-2006; Boletín Socioeconómico Pontevedra Siglo XXI, n.º 10 y 11, 2005 y 2006.

26/03/2019