Ayuntamientos y propietarios de montes
Julio Ruiz Cagigal
Ingeniero técnico Forestal
Exdirector técnico de la oficina de la Asociación Forestal de Galicia en Ponteareas
El pasado día 22 de junio, tras la celebración de las elecciones municipales, se constituyeron las trescientas trece corporaciones locales correspondientes a otros tantos ayuntamientos gallegos. Más del 80 % de estos ayuntamientos son eminentemente rurales y, en Galicia, cuando se dice rural implícitamente también se está diciendo forestal. Unos ayuntamientos rurales donde la mayoría de sus vecinos y vecinas son propietarios de montes o comuneros de montes vecinales en mano común, y donde el 98 % del territorio forestal es de titularidad privada.
Los nuevos gobiernos municipales no pueden desentenderse de esta realidad y su política tiene que implicarse seriamente en varios temas forestales que les incumben.
El primer aspecto al que tienen que atender estos gobiernos, especialmente en estas fechas veraniegas, son las competencias legales en prevención y defensa contra los incendios forestales. Los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales, la ejecución subsidiaria de la gestión de biomasa en las redes secundarias de seguridad, ejecutar la gestión de biomasa en las franjas laterales a los caminos públicos de su titularidad y colaborar, si es preciso, en la vigilancia, detección y extinción de incendios forestales.
Un segundo aspecto fundamental en el que también tiene competencia el ayuntamiento y que puede condicionar a largo plazo la actividad de los propietarios de montes, es el planeamiento urbanístico. La distribución general de usos del territorio y la clasificación urbanística de las fincas rústicas, en particular la clasificación del suelo rústico de especial protección (agropecuaria, forestal, de aguas, de costas, de infraestructuras, de espacios naturales, paisajística o patrimonial) puede perjudicar a determinadas formas de selvicultura y conlleva en todos los casos una enmarañada burocracia que dificulta la gestión de los montes.
Un tercer aspecto de competencia municipal, tradicionalmente arrinconado son los caminos públicos locales. Es notable el déficit de inventarios, cartografía correcta, títulos de dominio, actas de deslinde, etc., de la infraestructura vial. Es frecuente la confusión de caminos de titularidad privada con caminos públicos, así como la diferencia entre uso público (servidumbre de paso administrativa) y titularidad pública. Toda esta situación conlleva problemas a la hora de ejecutar labores de conservación, mantenimiento, mejora, gestión de biomasa para la prevención de incendios y de regulación del acceso a las propiedades forestales.
Relacionado con la regulación del acceso a las propiedades forestales y la confusión acerca de la titularidad de la red viaria, surgen con frecuencia, sobre todo en los montes vecinales en mano común de naturaleza periurbana, conflictos por la realización de actividades deportivas, competiciones, actos de ocio o culturales por personas ajenas a estas propiedades. Estas actividades cuentan a veces con autorización municipal a espaldas de los propietarios de los terrenos. Es necesaria una mayor colaboración entre propietarios de montes y ayuntamientos para regular el uso público de los montes. El acceso público a parques forestales, áreas recreativas o lugares con patrimonio cultural o natural debe estar amparado por convenios entre la propiedad y el ayuntamiento.
También los ayuntamientos pueden intervenir en otros aspectos que pueden ser de interés para los propietarios forestales: gestión y tratamiento de vertidos incontrolados de residuos en los montes, promoción y utilización de madera estructural y biomasa forestal autóctona en edificios e instalaciones municipales e, incluso en el campo del desarrollo local con talleres de empleo en materia forestal u otras iniciativas de apoyo al sector, evitando ordenanzas y tasas a la corta y extracción de madera.
Todos estos temas merecen una especial dedicación por parte de las nuevas corporaciones locales, pensando en la lucha contra el abandono del rural y en la dinamización económica de sus respectivos municipios. Para ello es imprescindible que los gobiernos municipales cuenten con la participación e implicación de los propietarios de montes y, al mismo tiempo muestren transparencia y accesibilidad.